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Fuente: El Faradio
Tras la sentencia que no reconoce la nacionalidad española a los ciudadanos saharauis cuando formaban parte del país
Quienes
en la década de los 60 del siglo pasado vestíamos de corto nos sabíamos
de memoria la letanía de las provincias de España, una letanía cantada
que terminaba Sáhara, Sidi Ifni y Fernando Poo.
Yo siempre me pregunté quién sería ese Fernando Poo que tan
importante era como para dar nombre a una provincia. Sólo mucho tiempo
después supe que Fernando Poo era el nombre del portugués que la
descubrió en el siglo XV. De Sidi Ifni poco oí hablar, supongo que algo
tendría que ver el silencio impuesto sobre la guerra que en aquellos
tiempos se libraba con Marruecos. Pero sí recuerdo a la perfección el
temor que generaba entre mis primos y vecinos mayores el nombre del
Sáhara cuando se acercaban las fechas del sorteo de quintos.
Mapa de la España de los años 60 del siglo XX.
¿Y ese mapa?
El mapa que acompaña este texto es de 1970. En él ya no figuran Sidi
Ifni, entregado a Marruecos tras la guerra en 1969, ni Fernando Poo,
independizada de España en 1968 con el nombre de Guinea Ecuatorial.
Pero fijaos en el recuadro de abajo a la derecha, justo encima de
Canarias. Sí, habéis leído bien, pone PROVINCIA DE SÁHARA. Ese mapa
ocupó un sitió preferente en las aulas de los colegios e institutos de
la época. Casi tan preferente como la foto de un señor calvo de infausto
recuerdo. Ya sabéis que ni Canarias ni Sáhara están ahí, pero es que
como están tan lejos, si no lo hacían así, el mapa no hubiera cabido en
la clase.
¿Una provincia española en otro continente y a casi 3000 km de Madrid?
Pues sí. España había colonizado el Sáhara desde 1884, al hilo del
reparto que las potencias europeas se hicieron del continente africano. Y
en 1958, con fin de eludir la presión de las Naciones Unidas para que
iniciara un proceso de descolonización, la convirtió por decreto en la
provincia número 53. A partir de ese momento, los saharauis pasaron a
contar con DNI, pasaporte español y Libro de Familia, podían acceder a
plazas de funcionario en la Administración local y del Estado y formar
parte del ejército, tenían sus propios representantes en las Cortes
franquistas de la época y participaron en el referéndum convocado por
Franco en 1966.
LA MARCHA VERDE Y LOS ACUERDOS TRIPARTITOS
Y así siguieron las cosas hasta que en 1975, tras la marcha verde
lanzada sobre el territorio por el rey Hassan II con el apoyo de Francia
y, fundamentalmente, EEUU, España firmó los Acuerdos Tripartitos de
Madrid por los que transfería la administración del territorio a
Marruecos y Mauritania. Ni que decir tiene que los citados acuerdos son
nulos de pleno derecho, pero no es ese el asunto que ahora nos ocupa.
Y España preguntó a los españoles del Sáhara si quieren seguir siéndolo.
España abandonó el territorio en febrero de 1976 y en agosto de ese
mismo año se publicaba en el BOE un decreto por el que se concedía un
año de plazo a las saharauis para que manifestaran si deseaban mantener
la ciudadanía española. Una pregunta para estallar en carcajadas si la
situación que atravesaba el Pueblo Saharaui no hubiera sido tan
dramática. ¿Podrían decirme cuantos de quienes me están leyendo
consultan habitualmente el BOE? Pues ahora háganse a la idea.
Independientemente de que solo un 5% de la población sabía leer, tengo
serias dudas sobre si a muchos saharauis, más preocupados por ponerse a
salvo de los invasores o por combatirles, les quedaron ganas de seguir
siendo ciudadanos de un país que les abandonaba en manos de dos
ejércitos genocidas.
Pues bien, aunque muy pocos saharauis pudieron hacer uso de esa
posibilidad que les concedía el BOE en aquel momento, el hecho cierto es
que un buen número de ellos han accedido a la nacionalidad española en
los últimos años en virtud de una normativa que lo contempla para los
españoles de origen y sus descendientes, caso en el que se ha venido
considerando a los saharauis nacidos antes de 1975 y a sus
descendientes.
Pero llegó el Tribunal Supremo y dijo basta.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fallado recientemente que
aunque el gobierno franquista declaró el Sáhara como la provincia
número 53 de España, esta nunca fue territorio español y por tanto, sus
naturales nunca tuvieron la condición de ciudadanos españoles.
La sentencia es consecuencia del recurso que interpuso la Dirección
General de los Registros y del Notariado contra una sentencia de la
Audiencia Provincial de Baleares que en 2017 declaró la nacionalidad
española de origen de una mujer nacida en el Sáhara Occidental en 1973,
dos años antes de que España entregara el territorio a Marruecos y a
Mauritania.
AGRAVIO COMPARATIVO
Sin entrar a valorar las consideraciones legales de la sentencia que,
todo hay que decirlo, ha sido dictada con el voto particular y
discrepante de tres de los miembros del tribunal, la sentencia niega una
evidencia: entre 1958 y 1976 los saharauis tenían la ciudadanía
española. Además, consagra un agravio comparativo con respecto a otros
ciudadanos que sí han podido optar a recuperar o conseguir la
nacionalidad española por esta vía, aunque el caso más llamativo es de
los sefardíes, injustamente expulsados de España por los Reyes Católicos
hace más de cinco siglos, y a cuyos descendientes se les ha concedido
recientemente esa posibilidad.
LA SOLUCIÓN: REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN
Es muy probable que si la sentencia se recurre, bien el Tribunal
Constitucional o, llegado el caso, el de Estrasburgo, enmienden al
Supremo y devuelvan a la ciudadana recurrente y a todas las personas
saharauis que se encuentren en sus mismas circunstancias y así lo
deseen, el derecho a la nacionalidad española. En todo caso, sirva este
tremendo desatino del Tribunal Supremo para lanzar nuevamente un mensaje
contundente: la solución al conflicto del Sáhara Occidental es política
y pasa necesariamente porque España asuma de una vez por todas la
responsabilidad que, como potencia administradora de iure del
territorio, le corresponde y promueva un Referéndum de Autodeterminación
en el que el Pueblo Saharaui pueda decidir libremente su futuro.
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