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Traducido por Jorge Aldao. Revisado por Caty R.
 El doctor Haytham Manna fue comisionado por cinco ONG de derechos
humanos, como observador en el proceso judicial contra Hassan El
Rachidi y Brahim Sbaâ Ellil, que se abrió en Rabat el 1 de
julio de 2008.
Los acontecimientos de Sidi Ifni (ciudad de
Marruecos a 700 Km al sur de Rabat, la capital) ocurrieron el
sábado negro del 7 de junio de 2008 y han sido, sin duda, un
gran desafío para el trabajo de los periodistas en momentos
críticos. El periodista es un historiador del instante, un
testigo directo que transmite de forma inmediata los diferentes puntos
de vista de los protagonistas.
En este sentido, y usando la
expresión de Michel Seurat, «un sociólogo en
caliente» que debe conciliar el guión de su crónica
informativa con las deducciones lógicas, teniendo en cuenta las
contradicciones entre varias interpretaciones de un mismo suceso.
Mientras que la verificación de las informaciones puede llevar a
investigadores de otros campos a reconsiderar sus conclusiones, el
periodista no puede permitírselo, ya que está obligado a
trabajar bajo la presión de la primicia y tiene que darse prisa
para transmitir sus reportajes.
En el sur de Marruecos, un grupo de jóvenes diplomados sin
trabajo hizo «una sentada» frente a la entrada del puerto
de Sidi Ifni Ait Baamrane -una pequeña ciudad de menos de 24.000
habitantes- a la que el destino hizo entrar, en otra época, en
la resistencia contra el colonialismo y actualmente en la resistencia
ciudadana. Los jóvenes bloquearon el acceso al puerto,
impidiendo la salida de los camiones de pescado con destino a los
depósitos frigoríficos y las fábricas de conservas
de Agadir. Se trataba de una protesta por la degradación de las
condiciones sociales de los jóvenes desempleados de la ciudad,
por el desprecio de las autoridades ante las reclamaciones populares y
por el olvido de las promesas de los responsables oficiales de crear
una zona industrial en la localidad y las estructuras de
formación.
La respuesta a la sentada fue el
envío, a las cinco de la mañana, de
Compañías móviles de intervención
(policía nacional marroquí, N. de T.) y policías
equipados con porras, balas de plomo y de goma y granadas
lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y sus familias.
Las fuerzas represivas no se conformaron con golpearlos y dispersarlos,
sino que además irrumpieron con violencia en las casas las
familias que se solidarizaron con las reivindicaciones de los
jóvenes, de una forma salvaje saqueando, robando objetos, dinero
y joyas personales, golpeando a la gente en las zonas más
sensibles, violando a las mujeres tras arrancarles la ropa y
profiriendo exabruptos e injurias que ofendían la dignidad de
sus víctimas (existen certificados médicos que lo
demuestran). Aunque el gobierno afirma que sólo hubo 300
miembros de las fuerzas de seguridad para reprimir a los activistas,
algunas fuentes aseguran, por el contrario, que los represores fueron
3.000. Cinco horas después del arranque de la operación,
Sidi Ifni estaba sometida a un bloqueo total: nadie podía salir
ni entrar a la ciudad.
Varios de los jóvenes que
participaron en la sentada optaron por huir a las montañas
circundantes para no caer en manos de las fuerzas represivas.
Un
informe médico que hemos recibido constata agresiones sexuales y
fuertes golpes en rostros, cabezas y oídos. Otro certificado
médico demuestra un traumatismo provocado por desnudar, manosear
y agredir sexualmente a la víctima. Un tercer certificado
establece una notable incapacidad para mover los dedos de la mano,
así como dolores insoportables y traumatismos, a causa de una
violación. Una de las víctimas de esas agresiones
sexuales no puede ahora salir a la calle ni soportar la mirada de los
transeúntes sobre su cuerpo.
Ante la ausencia de prensa
nacional, que no se publica los fines de semana, desde el día
siguiente la noticia fue transmitida por las agencias audiovisuales,
las organizaciones de derechos humanos e Internet.
Me
encontré, como observador, en un tribunal donde se juzga al
cuarto poder, representado por el periodista Hassan El Rachidi,
director de la agencia de Al Jazzera en Marruecos, y al
«contrapoder», representado por Brahim Sbaa Ellil,
militante por los derechos humanos, ambos en el banquillo de los
acusados por la violación al artículo 42 del
Código de la prensa (1) vigente en Marruecos. Para completar el
cuadro, una decisión política retiró la
acreditación de periodista a Hassan El Rachidi, quien se
encontró frente a la siguiente disyuntiva: o permanecía
en Marruecos cambiando de actividad o abandonaba el país para
ejercer el periodismo en el extranjero. En cuanto al militante Sbaa
Ellil, quien había sido secuestrado y detenido en la
prisión central de Salé, no le han permitido presentarse
en la sala de audiencias del tribunal de Rabat.
Tres semanas
después del sábado negro, se puede decir que el
expediente judicial es enorme: los ciudadanos conscientes de la
importancia de los sucesos, hicieron fotos con sus teléfonos
celulares a los policías mientras éstos golpeaban a la
gente en la calle. Y, por su parte, los defensores de los derechos
humanos reunieron los testimonios acreditados por certificados
médicos, lo que consiguió quebrar el temor a la violencia
policial y superar el obstáculo del miedo en la gente; las
mujeres, que hablaron delante de los hombres, dieron testimonio de todo
lo que habían sufrido.
Se ha podido comprobar con
absoluta claridad que en los países donde los regímenes
pretenden controlar los poderes ejecutivo y judicial, el cuarto poder
asume plenamente su papel, de forma pacífica y esencial, en
situaciones en las que no se tolera ninguna otra expresión. No
es sorprendente, por lo tanto, el ensañamiento del poder contra
el cuarto poder, se ejerza éste de forma tradicional o moderna.
Más
de 20 conocidos abogados defensores de causas políticas trataron
inútilmente de convencer al presidente del tribunal de que era
ridículo establecer un plazo de sólo 72 horas para que la
defensa examinara los incompletos expedientes de la acusación
cuando las investigaciones de la comisión parlamentaria del
gobierno y las ONG apenas habían comenzado. El presidente del
tribunal respondió a la propuesta de la defensa con un
«niet» inamovible y estableció el inicio del proceso
para el 4 de julio de 2008, incluso antes de examinar seriamente la
documentación y abandonando la neutralidad exigida al poder
judicial en un asunto tan delicado.
Al día de hoy
sería aventurado hablar con absoluta seguridad sobre los sucesos
en todos sus detalles. Lo que sí es seguro, es que quienes
transmitieron la información de la que disponían a la
opinión pública salvaron a decenas de personas de la
violencia desplegada por las fuerzas represivas de tal forma que
provocaron un conflicto no sólo local, sino a escala nacional.
La gente ha empezado ha hablar del regreso de los «años de
plomo».
Lejos de cualquier teoría de la
conspiración, sin embargo, ¿es una casualidad que se
condene al mismo tiempo a Abdelkarim Al Khiwani (2) a 6 años de
prisión en Yemen, que se lleve a juicio a 4 jefes de
redacción en Egipto, que se sancione a la prensa escrita con un
estrangulamiento económico, que se obstaculice el periodismo en
Marruecos, que varios periódicos y revistas independientes
estén prohibidos en otros países árabes y que se
esté llevando a cabo una escalada de asfixia de los
símbolos del cuarto poder en el mundo árabe?
La
respuesta es muy simple, sigue habiendo sectores autoritarios que nunca
aceptarán la idea de un cuarto poder que rechaza que lo
encasillen dentro los límites de «la voz de su amo».
(1)
Se castigarán con cárcel por un período de un mes
a un año y con una multa de 1.200 a 100.000 dirhams, o con una
de las dos penas, la publicación, difusión o
reproducción de mala fe, por cualquier medio, especialmente los
medios señalados en el artículo 38, de noticias falsas,
alegatos, hechos inexactos, noticias inventadas o falsificadas, aunque
se atribuyan a terceras personas, cuando dichas informaciones hayan
perturbado el orden público o causado miedo entre la
población Estas mismas conductas serán castigadas con
cárcel por un período de uno a cinco años y con
una multa de 1.200 a 100.000 dirhams cuando la publicación,
difusión o reproducción pueda afectar a la disciplina o
la moral de las fuerzas armadas.
(2) Abdelkarim Al Khiwani,
redactor jefe del periódico independiente Ach Choura,
sacó a la luz pública el año pasado el plan
pergeñado por el presidente Ali Abdullah Saleh (en el poder
desde el 1990) para que su hijo lo sucediera en el cargo. Esta
revelación llevó al presidente Saleh a abandonar su
«gran idea» y continuar en el cargo sucediéndose a
sí mismo «a petición del pueblo». Al Khilwani
fue arrestado en junio de 2007, su periódico prohibido, su Web
bloqueada y su familia amenazada. El 9 de junio de 2008, fue condenado
a seis años de prisión por «ofender al
presidente» y «desmoralizar al ejército». El
juez que lo condenó consideró que Al Khilwani era
cómplice de los «terroristas» de la secta
zaidí del difunto jeque Hussein Badreddine Al Houti, que desde
hace varios años mantiene una resistencia armada frente al
gobierno en el norte de Yemen.
Traducido del árabe por Tafsut Aït Baamrane y revisado por Violette Daguerre
En francés: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fr&reference=5422
Jorge Aldao es miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la
diversidad lingüística. Caty R. pertenece a los colectivos
de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se
puede reproducir libremente a condición de respetar su
integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.
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ifni ahsanbalad fi al 3alam 
