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Antecedentes históricos de la legislación sobre el Servicio Militar en España
Hasta el siglo XVIII el reclutamiento en nuestro País se realizaba a
través de enganches pagados y levas de vagos, de mendigos y gente
marginada, hasta que con la llegada de los Borbones (año 1.704) se copió
el modelo francés que introdujo el reclutamiento de “quintas”, llamado
así porque se elegía a uno de cada cinco mozos en edad militar, mediante
sorteo. Y como el Ejército era propiedad del Rey, a los quintos se les
decía que iban a servir al Rey, denominación que perduró en España hasta
la instauración de la República de 1.931.
Las Cortes de Cádiz de 1.812 instauraron la obligatoriedad del servicio
militar de todos los varones, sin discriminaciones por primera vez,
reiterándose en Leyes de 1.821, 1.837 y 1.856. En la de 1.837 se
abolieron totalmente las exenciones de que habían gozado determinados
sectores privilegiados, aunque era un mero barniz ya que esa parte de la
ciudadanía podía redimirse mediante pagos en metálico al Estado o bien
presentando un sustituto, lo que hizo exclamar a autores de aquel tiempo
y de los nuestros (como la doctora Sales) que el servicio militar solo
lo hacían los pobres.
Fotografía de los soldados españoles que lograron sobrevivir al sitio de Baler.
En Cataluña, Navarra y País Vasco no existió reclutamiento forzoso hasta
que se promulgó la Constitución de 1.876 y el desarrollo especifico por
Ley de 1.878, que es cuando se generalizó para toda España el
alistamiento obligado, aunque subsistieron los privilegios del pago de
cuotas y la sustitución, a los que tan solo podían acogerse aquellos que
poseían medios de fortuna e influencias caciquiles o políticas,
situación que perduró hasta 1.912 en que los Liberales comandados por
Sagasta consiguieron eliminar los “sustitutos” (en ocasiones eran
personas casi subnormales que por una cantidad de dinero o un favor para
sus familias arrostraban una “mili” que entonces duraba 7 años en
filas), aunque no los “cuotas”, por la presión de las clases dominantes,
que fueron por fin expulsados en la Ley de 1.940.
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