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Fuente: En arenas movedizas (Blog)
Ana Camacho.
Tras superar el 25 de diciembre (fum, fum, fum) nos vamos embalando por el ultimo tramo de la cuesta abajo de 2010 sin que la ministra Trinidad Jiménez haya localizado el texto de los llamados Acuerdos de Madrid, esos que supuestamente España firmó el 14 de noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania, cuando les entregó a estos dos vecinos magrebíes la “provincia” número 53 del Sáhara Español.
No hay fuentes fidedignas ni oficiosas que puedan confirmarlo, pero es lo que hay que deducir del hecho de que hace ya casi una semana que venció el plazo del requerimiento con el que el abogado Francisco Fernández Goberna ha solicitado a la ministra una copia del supuesto tratado sin que, hasta el momento, haya habido algún tipo de respuesta desde el ministerio de Exteriores. El letrado ya estaba muy seguro de que no había tal tratado en los archivos pero, como la ministra actúa como si los tuviese a mano, quería estar seguro de que algún subalterno no le hubiese dado gato por liebre con otro tipo de documento como intentaron hacerle a él en cierta ocasión.
Texto del requerimiento del abogado Francisco Fernández Goberna a la ministra Trinidad Jiménez sobre los llamados Acuerdos de Madrid que nunca existieron. Consultar el texto completo de la solicitud pinchando sobre la imagen.
Por eso en su escrito (que podéis consultar pinchando aquí)
le ha subrayado a Trinidad Jiménez que no se conforma con un texto
cualquiera. Lo que pide es “una copia testimoniada del Boletín Oficial
del Estado conteniendo la publicación íntegra del “tratado” en el mismo y
ningún otro texto como, por ejemplo, la Ley de Descolonización del
Sáhara”. Al subrayar la palabra “tratado” el abogado advierte que no es
de los que está predispuesto a dejarse engañar por las malas artes del
ilusionismo semántico que durante 35 años confundieron a la mayor parte
de los españoles haciéndoles creer que cuando se hablaba de Acuerdo de Madrid, o acuerdos tripartitos, el término "acuerdo" era sinónimo de tratado internacional.
Los propios redactores españoles de ese texto lo llamaron Declaración de Principios
porque apenas cumplía con esa acepción con la que la Real Academia de
la Lengua alude a dos o más personas que muestran e incluso concilian
conformidad con un determinado tema. Pero eso no es lo mismo que elevar
un acuerdo o un principio de acuerdo al rango de tratado que requiere
cumplir con una serie de condiciones tanto con el derecho internacional
como con el ordenamiento interno español.
De cara a la puritita ley española, por
ejemplo, el punto 5 del art. 1 del Código Civil establece que: “Las
normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de
aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín
Oficial del Estado”. Además está el art. 96 de la Constitución (Capítulo
III, De los tratados internacionales) que dice que “los Tratados
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente
en España, formarán parte del ordenamiento interno”.
Como la Declaración de Principios nunca
fue un tratado válidamente celebrado por incumplir reiterada y
gravemente con el derecho internacional, nunca fue publicado en el BOE
y, por lo tanto, nunca entró a formar parte del ordenamiento interno
español. Lo cual significa que, a efectos legales, el Sáhara siguió
siendo lo que era antes del 14 de noviembre de 1975: un Territorio No
Autónomo pendiente de ser descolonizado bajo la responsabilidad
administradora de España.
Como le recuerda el abogado a la ministra
en su solicitud, eso es lo que dice nada más y nada menos que la ONU
entre otras cosas, porque el derecho internacional no permite a las
potencias descolonizadoras desligarse unilateralmente del pueblo que
administran ni tampoco transferir unilateralmente la condición de
potencia administradora a terceros como no sea a la propia Naciones
Unidas. El que fue el asesor jurídico de la ONU Hans Corell, lo acaba de
volver a explicar en una entrevista a una radio sueca así que la ministra tiene confirmado que no ha habido ningún cambio de perspectiva respecto al dictamen que este experto emitió en enero de 2002 y que es uno de los puntos clave de la argumentación de Fernández Goberna.
Lo indignante, además de preocupante, es
que los Gobiernos que siguieron tras la muerte del dictador Franco
optaron por ocultar esa verdad al pueblo español simulando que la
Declaración de principios había sido un tratado reconocido por la
comunidad internacional. El Gobierno de Zapatero, al parecer, no tiene
ninguna intención de marcar la diferencia y acabar con la mentira
forjada por el último gobierno del Generalísimo, ni siquiera por su fe
en la Ley de la Memoria Histórica.
Las consecuencias prácticas están a la vista: los alegatos de la ministra en varios periódicos para que la posición española en el conflicto sea la de la "neutralidad" y no la de cumplir con sus responsabilidades con el pueblo saharaui;
el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y el fiscal
general del Estado, Cándido Conde-Pumpido se aferren al reconocimiento
de una administración que Marruecos ejerce "de facto" pero no "de iure"
para eludir investigar (como pidió la Liga Española Pro Derechos Humanos) el asesinato en El Aaiún del saharaui con DNI español Baby Hamday Buyema; las oscuras maniobras y obstrucciones administrativas
con las que se tiende a negar a los saharauis que desean tener
pasaporte español, una documentación a la tienen tanto derecho como
cualquier nacido en Valladolid. Maniobras ilegales, subraya el abogado
Fernández Goberna porque, si la ONU no se ha equivocado y España sigue
siendo la autoridad administradora "de iure" del Sáhara, los saharauis
tampoco han dejado de ser "de iure" tan españoles como lo eran antes
del 14 de noviembre de 1975 cuando todos, sin excepción, tenían DNI...
Menudo embrollo, ¿no? Pero es que para
eso, para que engorde el embrollo, es precisamente para lo que sirve a
nuestros políticos mantener la ficción de un tratado que nunca existió.
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