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Fuente: El País (Opinión)
El Ministerio de Defensa se niega a desclasificar 10.000 documentos sobre episodios que sucedieron entre 1936 y 1968
Marcos Balfagón
El ministerio de Defensa ha frenado en seco la iniciativa de
desclasificar 10.000 documentos que se refieren a hechos que sucedieron
entre 1936 y 1968. En esos papeles hay información, por ejemplo, sobre
las peripecias que corrieron las unidades militares durante la Guerra
Civil o sobre las estrategias de represión de la dictadura franquista.
Se pueden conocer también las ayudas del régimen a las potencias del Eje
durante la II Guerra Mundial o los movimientos en la guerra de Sidi
Ifni a finales de los cincuenta. Por haber, hay incluso material que
recoge las actividades de Radio España Independiente, La Pirenaica,
aquella emisora clandestina que pretendía contar lo que sucedía en la
España opaca de Franco y que puso en marcha el Partido Comunista en
Moscú en 1941, que luego se trasladó a Bashkiria y que terminó
instalándose en Rumanía, donde trabajó unos de los padres de la
Constitución de 1978, Jordi Solé Tura.
Más vale que no se sepa nada, que no se hurgue, que no se investigue,
que nada trascienda ni se comente. Para conseguirlo están las murallas
burocráticas y la mayor autoridad en este asunto, el ministro Pedro
Morenés, que ha dicho que no. Hay una ley de 1968, la de Secretos
Oficiales, que impide (para siempre) que se consulten esos asuntos salvo
orden expresa del Gobierno.
A esa ley debe atenerse el ministro. Evidentemente, si existiera en
alguno de esos documentos información que pusiera al Estado en peligro o
que generara tensiones en la escena internacional, que siga
permaneciendo mudo. Pero una comparación con países del mundo occidental
confirma que tanta prevención carece de sentido: los historiadores
británicos pueden conocer todos los detalles de la guerra de las
Malvinas (1982) y un escritor como Chistopher Hitchens pudo husmear en
los documentos desclasificados en Estados Unidos para su Juicio a Kissinger, un devastador repaso al catálogo de asesinatos y tramas secretas que hubo durante su gestión.
Nada grave ocurrió en ninguno de esos casos (y en tantos otros) tras
levantar el secreto, y los historiadores hicieron su trabajo y los
ciudadanos supieron lo que pasó. Aquí no. Morenés debe explicar si
mantiene los obstáculos por miedo o ignorancia. O, tal vez, porque la
iniciativa de desclasificarlos fue del Gobierno anterior.
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