Fuente: ABC

Unas 5.000 mujeres, viudas de funcionarios marroquíes de las antiguas provincias españolas de Ifni y Sahara Occidental, se unirán en una asociación para reclamar su derecho a cobrar pensiones de viudedad del Estado español.

Así lo anunció hoy el cineasta Pedro Palacios, quien participa esta semana en la Semana de la Cultura Hispana en Pilsen (República Checa), donde mostrará su documental "Las viudas de Ifni", que relata la historia de estas mujeres en la antigua provincia española en África.

La asociación, que se constituirá a partir de marzo 2014 de acuerdo al derecho español y marroquí, tiene como objetivo "recabar toda la documentación y poder pelear, en nombre de la asociación" los derechos a una pensión del Estado español, dijo Palacios en declaraciones a Efe en Praga.

Tras la devolución de Ifni y el Sahara entre 1969 y 1975, los hasta entonces funcionarios de origen marroquí perdieron la nacionalidad española.

Si bien algunas de las viudas vieron entre 1982 y 1999 reconocido el derecho a percibir del Estado español la pensión de viudedad, el Gobierno cambió después su criterio, al aducir que era complicado verificar la nacionalidad de los solicitantes.

Pero el pasado 3 de julio el Tribunal Supremo reconoció el derecho de dos viudas a recibir una pensión.

Se trata de Fadma Choubir, la viuda de Mohamed Aali, militar con DNI español bilingüe expedido en Ifni y que sirvió en el Grupo de Tiradores de Ifni, y Fatma Rahal, cuyo marido estuvo en la Policía del África Occidental Español.

Palacios, quien es nieto de un antiguo gobernador español en Ifni, estima que en total unas 5.000 personas de ambos territorios pueden acogerse a esa jurisprudencia de la Justicia española.

El cineasta madrileño, finalista en la última edición de los Premio Goya con "Las viudas de Ifni", explicó que la nuevo asociación será constituida por despachos de abogados "muy vinculados a personas que estuvieron en Ifni y viven en Las Palmas".

Entre ellos citó a los bufetes de Antonio Moreno, Jerónimo de León y Daniel de León.

El problema, según Palacios, radica en rescatar toda la documentación de los interesados, parte de la cual se encuentra en Marruecos.