Fuente: El Faro de Ceuta
Fuente: El Faro de Melilla
El curso dilatado del conflicto bélico en el Rif, unido a los
inconvenientes presupuestarios de los gobiernos republicanos y, como no,
el rastro cruento y mortífero de la Guerra Civil
(17-VII-1936/1-IV-1939), dificultaron la gestión de España a lo largo de
tres décadas. Conjuntamente, hasta 1927, e incluso durante algunos años
más, las principales intervenciones se condicionaron al menester
militar, fundamentalmente, a los medios de comunicaciones. Sin obviar,
que la burguesía podía haber procedido como agente planificador, si
bien, se consideró parca a realizar importantes inversiones en un
territorio inhóspito y desfavorable.
Inicialmente, la fuerte
resistencia habida por parte de las cabilas rifeñas, más el atraso
tecnológico que reinaba en Marruecos y España, la falta de eficacia en
el recaudo de impuestos y la exigua unificación interna del mercado de
la zona, sobrecargaron considerablemente la acción española en la etapa
monárquica. Además, entre los años 1913 y 1927, el 90% de las cuantías
presupuestadas eran dilapidadas por los costes militares.
El Kaid Abed el Kader y su harka al pie de la
bandera en la meseta de Irgueman que es ocupada con el fin de
proporcionar el acceso a Yazanen y Tifasor. Campaña del Rif, 1921.
En aquellos trechos el impulso privado llevó a término varias
operaciones en los campos de la colonización agrícola y la explotación
minera. Tómese como ejemplo, la Compañía Española de Colonización que
obtuvo 27.000 hectáreas en las cercanías de Melilla que se fraccionaron
en parcelas para arrendarlas o venderlas a colonos. Del mismo modo,
diversas entidades incrementaron sus actividades que habían emprendido
en la región, hasta el punto de construirse las dos primeras vías
férreas para transportar mineral al puerto de Melilla.
Y
entretanto, la propia explotación de las minas se convertiría en una de
las principales tareas económicas, pero no llegó a ver cumplidas las
excesivas posibilidades que se habían creado y los beneficios para la
zona resultarían insignificantes, pues, poco más o menos, el conjunto
del mineral se exportó.
En esta etapa la mejora de las infraestructuras viarias estuvieron
supeditadas por las urgencias militares y los afanes se condensaron en
la edificación de carreteras y pistas de carácter íntegramente
estratégico. Los trabajos ferroviarios se centralizaron esencialmente en
la línea Tánger-Fez, concluida en 1927 y ejecutada con capital privado
franco-español. Dicha línea se completó en 1923 con otra que engarzaba
Larache y Alcazarquivir y, que a su vez, conectaba con la primera.
En
base a lo anterior, en 1914 y 1918, primero, se abrió la línea
Tetuán-Río Martín y, segundo, Ceuta-Tánger, pero la ausencia de
previsión y de una planificación acorde, fusionado a la apatía de la
administración y las pifias en la iniciativa privada, ocasionaron que la
red perdiese fuelle en las comunicaciones.
Las actividades
en la esfera socio-cultural se enfocaron mayoritariamente a
sistematizar los sistemas educativos y sanitario. Los administradores
encauzaron la escolarización teniendo en cuenta los componentes de la
lógica colonial, cubriendo para ello las carestías de la comunidad
española y distinguir las elites judía y musulmana, con el propósito de
desmarcar a la primera de la sociedad marroquí y así procurar conquistar
a la burguesía musulmana para atajar probables discrepancias políticas.
Pero
las prerrogativas dadas a esta última fueron taxativas por el cometido
que se estableció: dedicarse a cargos subalternos y proceder como
intermediario entre la sociedad tradicional y la economía colonial. La
fórmula educativa se armonizó propiamente en tres sistemas. Primero,
español, similar al metropolitano; segundo, hispano-israelita,
consignado a la urbe judía; y tercero, hispano-árabe, pensado para la
población musulmana.
Esta última no se dotó de los recursos adecuados y los esfuerzos se
aglutinaron en la enseñanza primaria rural y con más énfasis la
enseñanza profesional. En cuanto a la viabilidad de la sanidad, no sólo
respondió a los requerimientos contraídos en el Convenio de 1912, ni fue
una simple acción de altruismo, sino que contribuyeron al interés por
remediar la transmisión de afecciones entre los españoles emplazados en
la región, su importación a Ceuta y Melilla o la Península, porque en el
fondo perturbaba y por el hecho de ser un temible instrumento político.
Es
así como la atención sanitaria valía para enmendar la plana y los
desaciertos de la dominación española, justificar los provechos propios
del Protectorado y la supremacía de la civilización occidental.
Igualmente, proporcionaba el conocimiento entre la población por medio
del contacto directo con el médico, siendo beneficioso para conservar
saludable al marroquí que constituía la mano de obra barata.
Por
lo demás, durante el Directorio de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
(1870-1930) las principales ejecuciones se concentraron en las obras
públicas, consideradas un hándicap sustancial para evolucionar hacia la
pacificación y vigorizar el desenvolvimiento económico. Y es que, la
conclusión del conflicto bélico comportó una importante desmovilización
de integrantes marroquíes y el incremento de las obras desbloquearía el
desempleo.
"Con sus claros y
oscuros, España asumió el encargo de embarcarse en numerosas reformas
orientadas a auspiciar la modernización y el desarrollo de dos
demarcaciones del Sur y Norte de Marruecos. Transcurrido este tiempo
desde el punto y final del Protectorado, el debate continúa estando vivo
sobre sus permisibles resultados"
La
voluntad política de las previsiones de obras públicas se hizo
ostensible en la exposición del aprobado en 1928. Indicándose que no
sólo satisfaría las necesidades que requería un protectorado ejemplar,
sino que de igual forma debería disipar las contrariedades de las
comunicaciones que, además de ayudar al sostenimiento de la zona, era un
elemento primordial para allanar el traslado de tropas y su posterior
abastecimiento. Lo cierto es, que la subordinación del desarrollo de la
red viaria a las carencias estratégicas habidas, entorpecería su
reconversión para manejos civiles e irrevocablemente haría caer la
balanza en la ordenación territorial de la zona.
A decir
verdad, la principal de las iniciativas consistió en la carretera
Tetuán-Melilla acabada en 1933, dando paso a la conexión de las regiones
oriental y occidental. En el plano de las instalaciones portuarias,
escasamente desarrolladas y en todo momento limitadas por los puertos de
Ceuta y Melilla, las obras más significativas se plasmaron en Villa
Sanjurjo y Larache, pero el apresuramiento y la falta de un análisis
minucioso produjeron que ambos mostraran complicaciones técnicas que de
ningún modo se consiguiesen resolver.
Con las mismas miras se
prestó atención a las obras hidráulicas calificadas un medio
revalorizador de la economía. De hecho, la administración activó varias
iniciativas públicas y, en paralelo, dispuso concesiones a empresas
privadas. Es por ello, por lo que en 1928 la Sociedad Electras
Marroquíes las adquirió en las cuencas de los ríos Talambot y Lau, y
poco después comenzó la construcción de la presa de Ali Thelat que hizo
más ameno el ensanchamiento del regadío, como el suministro de
electricidad.
De este modo, gracias al establecimiento del
Crédito Agrícola, la Dirección de Colonización, los sindicatos agrícolas
y los perímetros de colonización, más la desecación de terrenos o la
extensión de la enseñanza agrícola, entre algunos, la colonización
agrícola recibió un fuerte impulso, proporcionando la estabilidad de
otras compañías afines. A pesar de todo, el aglutinante de colonos lo
compusieron campesinos pobres o jornaleros agrícolas, que en un espacio
de tiempo relativamente breve se convertirían en proletarios de las
explotaciones o compañías.
Y qué decir del entresijo
sanitario que experimentó una propulsión comparativamente apreciable
conforme prosperaba la dominación de cabilas y, más resolutivamente,
tras la pacificación con la puesta en escena de hospitales, dispensarios
y consultorios, además de campañas sanitarias, regulación del sistema
sanitario o confección de estadística, pero estas intervenciones se
menguaron por la laguna de medios materiales y humanos de los servicios
sanitarios.
Asimismo, es imprescindible hacer alusión a los
esfuerzos materializados para intervenir moderadamente el sistema
educativo islámico, o séase, el sistema tradicional vinculado a las
mezquitas que hasta ese mismo momento había operado con suficiente
independencia.
Hasta la aparición de la República, las
actuaciones materiales fueron visiblemente insuficientes y algunas poco
rentables. Ya en los años veinte, España era observada como muestra de
cómo no debía proceder un estado colonizador. Pero los regímenes
republicanos, desprovistos de una política colonial precisa y con un
sinfín de rompecabezas políticos y económicos por resolver, prefirieron
estrictamente reorientar y amplificar en algunos casos, las operaciones
en curso, aunque revisando los gastos persistentemente. Si el Gobierno
incidió en las obras públicas, las demandas republicanas se volcaron en
los recintos sanitario y, mayormente, educativo.
"El
régimen desempeñado de protectorado entronizado fue una forma
amortiguada de dominación colonial que debía fraguarse en el
convencionalismo de administración indirecta, pero, que realmente
acarreó la pérdida de la soberanía marroquí".
Para
ser más preciso en lo fundamentado, la administración republicana
regularizó y promovió la enseñanza islámica, como también modificó la
enseñanza hispano-árabe, combinó la española y la hispano-israelita,
desarrolló la profesional y la secundaria y dio margen a otros centros.
Debiendo incidir en la esencia arabizante que se confirió a la enseñanza
hispano-marroquí, como prueba de respeto a la tradición majzeniana y
por la distinción de apuntalar la lengua árabe en el Rif.
Pese
a todo, en principio la República no retocó la orientación otorgada al
sistema educativo desde los comienzos del Protectorado, propuesta que
chocaba con los programas preservados. En tal sentido, la Delegación de
Asuntos Indígenas (DAI) patrocinó la no imposición de la enseñanza en
las zonas rurales, con el pretexto de que las familias precisaban de sus
hijos para ocuparse de las tareas del campo. Además, tenían asumido que
el conocimiento obligatorio arrastraría a los jóvenes a unos
entendimientos que los estimularían a reclamar mejores condiciones de
vida en las ciudades.
Durante la dictadura franquista
(1939-1975) la labor española sintió mayor vitalidad, en parte, por el
acomodamiento de recuperar a los marroquíes la ayuda facilitada durante
la Guerra Civil, más la necesidad de contener el movimiento
nacionalista, la voluntad de destacar la ineficacia de los regímenes
políticos precedentes, fundamentalmente, el republicano, la atracción
por adjudicarse una incontrastable influencia internacional en el
período en que España estuvo subyugada al retraimiento y el designio de
hacer rayar el ilusorio respeto de su acción en Marruecos, de cara a las
políticas coloniales del Reino Unido y Francia, estimadas por los
teorizantes colonialistas de aquel entonces como impositivas y
embaucadoras.
Entre 1942 y 1946, respectivamente, se dieron
luz verde a distintos programas sectoriales, algunos trazados con
técnicas y preceptos anticipados para su tiempo; además, se dibujó una
política urbanística al igual que se proyectaron las líneas maestras de
lo que intentó ser una vasta política territorial en una aspiración de
obras públicas y revalorización económica que se pronosticaba
implementar en un plazo de cincuenta años.
La incompatibilidad
de automatizar y dosificar el gasto en una etapa tan amplia, causó el
beneplácito de planes quincenales. El primero, se ratificó en 1946, pero
en general se renunció ante los intereses privados o del propio
ejército, en menoscabo de los empeños generados y del punto de vista de
conjunto en el instante de atribuirlos. Esta coyuntura, ensamblado a los
aprietos económicos, la indolencia de la administración y la irrisoria
iniciativa privada, indujeron que los resultados estuvieran distanciados
de las conjeturas y que muchas obras no llegaran a ejecutarse.
Prioritariamente,
los objetivos hidráulicos se ajustaron en el abasto de las urbes, el
regadío y la productividad y la dotación eléctrica. Mismamente, se
programaron diversos embalses reguladores y se previno irrigar miles de
hectáreas. Aun así, los técnicos advertían que al concluir las obras la
zona registraría déficit agrícola.
Tal y como aconteció en
otras comarcas, los trabajos desarrollados quedaron a los mínimos con
relación a los imaginados y no se cubrieron las escaseces de agua
potable como una de las prioridades en numerosos núcleos urbanos.
Pasando
al entorno portuario el escenario podía considerarse penoso, pero la
administración continuó tonificando el influjo de Ceuta y Melilla y
apostó por verificar las obras indispensables en los puertos para
disponerlos a usos definidos como el aspecto comercial, los
embarcaderos, el refugio y la pesca. Amén, que las actividades en la red
de carreteras se interpretaron tanteando el esparcimiento de la
población indígena, las rudas condiciones del área y el reducido
desarrollo económico. En otras palabras: se evitó la retórica junto a
los triunfalismos y se diseñaron proposiciones razonables.
Al
extinguirse el Protectorado se habían construido nada más y nada menos,
que casi 2.500 kilómetros de carreteras que aderezaron la red viaria
durante décadas, aunque como es lógico se traslucieron innumerables
trastornos y dilemas. En contraste, en el prisma ferroviario se
pretendió normalizar la red existente, aunque quedaron en agua de
borrajas y con una declaración de principios poco realizable
económicamente y un clarividente propósito propagandístico.
Los territorios provinciales o amalatos, y locales o cabilas y yemas,
recibieron los efectos más evidentes de la influencia española a través
de la plasmación de hospitales y centros de salud, o el establecimiento
de una red de médicos que optimizaron marcadamente el desarrollo de la
población indígena.
En resumen, la revalorización económica de la zona se planeó, poco
más o menos, como un complemento específico de las obras públicas. Ante
la inestabilidad innegable entre la población y las viabilidades
agrícolas se sugirió que el suministro de la metrópoli sería el mínimo
objetivo. Más bien, las prácticas agrícolas se encaminaron a la
modernización de las explotaciones a través del ímpetu del regadío,
acrecentando para ello los espacios de cultivo, introduciendo
plantaciones de frutales e instituyendo tierras de demostración, granjas
experimentales y colonias agrícolas, con los consiguientes créditos a
los agricultores en condiciones propicias. Sin embargo, las actuaciones
resultaron bastante distantes de las suposiciones y parte del volumen
agrícola quedó relegado, permaneciendo la indigencia entre la población
rural.
Con idéntico talante se establecieron las pautas de
maniobra y los compases de explotación en el terreno forestal,
presumiendo que se llegarían a trasplantar unas 2.000 hectáreas al año,
dándose concesiones a importantes empresas que finalmente salieron
beneficiadas de la explotación de los bosques. No ha de soslayarse, que
la revalorización minera y el desarrollo de la industria principalmente
de signo artesanal y de dimensión local, a duras penas fueron objeto de
la acción pública, motivo por el cual dichas actuaciones quedaron en
manos de la apertura privada.
El vertiginoso crecimiento de la
población que en algunas ocasiones habían producido la realidad del
chabolismo, las perspectivas que desplegaban los proyectos de obras
públicas y de revalorización económica y el menester de reparar las
anomalías inducidas por ejercicios anteriores, convulsionaron a la Alta
Comisaría a prestar especial vigilancia al ordenamiento urbanístico.
Ciertamente, hasta el momento no había concurrido específicamente un
organismo encomendado para estas cuestiones, siendo el personal de la
Delegación de Fomento, como los ingenieros militares y técnicos de los
organismos municipales quienes habían llevado la voz cantante.
Alcanzado
el año 1942 se implantó la Junta General de Urbanización que acabó
encargándose de promover, codificar y agrupar los planes de urbanización
en sí. Su encaje permitió equilibrar criterios e instrucciones pero,
como en otras parcelas, el salto cualitativo entre lo planificado y
ejecutado era enorme por el incumplimiento de la legislación urbanística
y la incapacidad económica, técnica y social de plasmar proyectos. Sin
inmiscuir, que la calidad de las obras se mantuvo en la deficiencia.
A
resultas de todo ello, tanto a nivel cultural, educativo y sanitario,
la Alta Comisaría desenvolvió una tarea proactiva con una clara
intencionalidad propagandística que aspiraba acentuar las magnanimidades
del Protectorado y la indiferencia que identificaba la acción española,
pero las derivaciones fueron bastante decadentes, o digamos que
menesterosas.
Es por ello, por lo que se adecuaron diversas
fundaciones para desarrollar la cultura marroquí, aunque su
funcionamiento estuvo estrechamente inspeccionado. Sea como fuere, se
incrustó la enseñanza media marroquí, al igual que se fraccionó la
enseñanza profesional en dos ramas (agrícola y técnica) y se
reestructuró la enseñanza artística. Aunque cada una de estas medidas
estaban encaminadas a alcanzar objetivos a medio plazo, no quedaban al
margen la ausencia de presupuesto, como de educadores y escuelas que
irremediablemente dificultaron su aplicación.
En 1946 con la
premisa de sofocar al movimiento nacionalista se infundió la adopción de
otras iniciativas. Así, la Alta Comisaría legisló la exigencia de la
enseñanza religiosa para los niños musulmanes, fundó el Ministerio de
Instrucción Pública, restauró la enseñanza primaria y el bachillerato e
introdujo centros escolares.
Diez años más tarde, o séase, en
1956, la población musulmana escolarizada únicamente alcanzaba el
porcentaje paupérrimo del 13%, mientras que la española lo estaba
íntegramente.
Con respecto a la política sanitaria el frente
estuvo prácticamente abierto en las innumerables luchas y campañas
contra las afecciones epidémicas, además de persistir en el montaje de
infraestructuras sanitarias y la regulación de algunos cuerpos y
servicios. Finalmente, la beneficencia se convirtió en otro de los
campos al que las autoridades tuvieron que prestar más miramiento por
las estrecheces socioeconómicas.
Recuérdese, que en 1941, un
aluvión de hambruna producida por el empobrecimiento de las cosechas,
más la subida desorbitada de los precios en los productos, entre algunos
de los motivos, causó centenares de extintos. Si bien, los refuerzos
adquiridos atenuaron en parte los efectos desencadenantes de la crisis
epidemiológica, terciados la década, la zona fue azotada por una
calamitosa sequía que volvió a determinar la subida de los costes,
traslados de población, miles de muertes y otras epidemias que
suscitaron gran insatisfacción social.
En su conjunto, la
administración española hubo de reaccionar apresuradamente y no le quedó
otra que aprobar medidas asistenciales e iniciar obras públicas para
facilitar puestos de trabajo. Poco a poco, los episodios más calamitosos
de la sequía cesaron, pero la pobreza se mantuvo. Entre las últimas
disposiciones tomadas cabrían subrayar, la plasmación del Ministerio de
Acción social en 1954, pero los éxitos obtenidos pueden contemplarse
inútiles por los irrisorios recursos que se activaron, refundido al
fiasco de las políticas económicas y la corrupción presente.
En
consecuencia, con sus claros y oscuros, a raíz del Convenio
hispano-francés de fecha 27/XI/1912, España asumió el encargo de
embarcarse en numerosas reformas orientadas a auspiciar la modernización
y el desarrollo de dos demarcaciones del Sur y Norte de Marruecos.
Compromiso que se alargó hasta el año 1956 en que el país alauí accedió a
la Independencia. Transcurrido este tiempo desde el punto y final del
Protectorado, el debate continúa estando vivo sobre sus permisibles
resultados.
Si las primeras apreciaciones se vertieron entre
aplausos y exaltaciones desmedidas o críticas contradictorias, no son
pocas las investigaciones divulgadas que ponen de manifiesto que la
realidad que allí se forjó era mucho más enrevesada en su complejidad.
El régimen desempeñado de protectorado entronizado fue una forma
amortiguada de dominación colonial que debía fraguarse en el
convencionalismo de administración indirecta, pero, que realmente
acarreó la pérdida de la soberanía marroquí.
Y en el
horizonte, España habría de impulsar las reformas imprescindibles para
que Marruecos alcanzase de una vez por todas, un grado de desarrollo que
al menos le otorgase desarrollarse por sí mismo, pero la amplia mayoría
de las innovaciones fueron constituidas según los criterios e intereses
de los actores protectores, que a todas luces confirmaron sus
propósitos, al resistirse férreamente a finiquitar este sistema cuando
aumentaron las reivindicaciones del Sultán, las porciones nacionalistas y
una parte integrante de la sociedad marroquí.
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